Los recientes hechos de violencia acaecidos en diversos países de América Latina y el Caribe, comprueban una vez más la ausencia o falta de madurez de esa condición que describe a un CIUDADANO. Si bien la protesta es un derecho consagrado en las constituciones políticas en los países de la región, atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos o destruir los bienes públicos y privados, no forma parte de los principios que consagran y definen a un CIUDADANO, quien además de poseer jurídicamente la capacidad de exigir y velar por sus derechos, debe también estar conteste de sus deberes como persona que vive y comparte dentro de una sociedad.
De acuerdo a la Real Academia Española, un ciudadano es aquella persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometida a su vez a sus leyes. Por ende, ser ciudadano es formar parte integral de una estructura social y política y sobre todo de asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de esa sociedad, en la cual la condición de ser ciudadano, te brinda también la capacidad de asumir obligaciones frente a la sociedad en varios ámbitos, entre ellos el político, en el que obtienes derechos a participar en los asuntos públicos a través de los mecanismos que establecen las leyes.
Por otra parte, la ciudadanía, desde el punto de vista del derecho es pensada como un estatus, en el cual, quienes poseen tal condición tienen una serie de derechos y deberes, pero desde el punto de vista conceptual, la ciudadanía se ha vinculado a dos perspectivas: la primera de ellas a la idea de derechos individuales y la segunda al vínculo o sentido de pertenencia a una comunidad territorial en particular.
Si bien la concepción de ciudadanía es de vieja data, las transformaciones políticas acaecidas en el pasado siglo en América Latina y el Caribe, no han logrado cristalizar una evolución social en donde se logre consolidar, sociedades con la capacidad de discernir, pero también con la capacidad de participar en la construcción de mejores, respetables y equitativas sociedades. A pesar de nuestra posición no discutible como ciudadanos, esta condición también tiene un costado que sobrepasa el marco legal y objetivo, ya que esta ciudadanía se construye con el esfuerzo de todos y no simplemente se enarbola en una norma o manifiesto.
De acuerdo a Raffino (2019), se espera que un “Buen Ciudadano” realice:
- Cumplir con las obligaciones del país (tributarias, legales, democráticas)
- Actuar con educación y respeto por el prójimo, muy especialmente con los ancianos, los niños y los discapacitados.
- Involucrarse en la toma de decisiones que se deben dar en el seno de la sociedad, participando en las instancias que tiene a su disposición y organizándose para expresar los problemas que aparezcan.
- Ayuda a cuidar el ambiente en el que vive, preocupándose así por las próximas generaciones.
Los nacientes hechos de violencia que han desembocado en vandalismo en muchos casos, muestran aún las fisuras de nuestras jóvenes democracias frente a las otroras dictaduras y de la llamada “Guerra Fría”, en donde convertimos nuestros espacios de discusión y participación, en espacios de violencia y confrontación física, aduciendo motivaciones que en nada se asemejan a una sociedad civilizada que debe dejar atrás la violencia que tanto reprochó de las dictaduras.
Así mismo al vandalismo representado en la destrucción de bienes públicos como edificios, sistemas de transporte públicos, parques y espacios para la recreación, se suman a los saqueos a supermercados y comercios que desvirtúan las indiscutibles motivaciones de una sociedad con altos rasgos de pobreza y desigualdad, pero que no progresa destruyendo en corto tiempo, lo que, con esfuerzo de muchos y dinero de nuestros impuestos, ha costado décadas construir. Las inmensas inversiones monetarias que se necesitarán para reconstruir lo que la anarquía destruyó, deberían ser invertidos en mas escuelas, mejores hospitales, parques, u otros espacios donde se disfrute plenamente de la ciudadanía.
Entre tanto, este momento de descontento social desvirtuado por la violencia irracional, debe llevarnos a reflexionar como sociedad y no por nuestros ideales políticos acerca de: ¿hasta dónde llegan mis derechos y comienzan los de mi prójimo? ¿Acaso la protesta debe exceder nuestra capacidad de exigir de manera correcta nuestros derechos, socavando los derechos de los otros?
Tolerancia, respeto, consideración, convivencia, ciudadanía son algunos de los descriptores que describen a una sociedad del siglo XXI, en la cual nos vanagloriamos de hablar de ciudades inteligentes, sostenibilidad y Globalización, pero por otra parte no somos capaces de resolver nuestras diferencias y aprender a exigir nuestros derechos sin llegar a destruir los pocos cimientos que durante décadas recientes, nos han permitido tener mejores condiciones de vida a pesar de los desaciertos de muchos gobernantes.
Los reconocimientos que gozamos como ciudadanos dentro de esta categoría cívica llamada “Ciudadanía”, nos deben llevar a recapacitar sobre el modelo de sociedad que queremos, dentro de las dificultades propias de una región que recientemente dejó atrás vestigios de atraso y dictaduras, pero que avanza poco a poco con la convicción de crecer y disfrutar de las condiciones que como ciudadanos nos merecemos.