En América Latina y el Caribe, el debate acerca de la pertinencia de la gobernanza ha tenido características diferentes a otros espacios geográficos como el europeo en virtud de la madurez institucional y su nivel de desarrollo económico y social, razón por la cual es necesario entender que está nueva forma o proceso de gobierno fue difundida inicialmente por organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando con ello, transferir de manera más efectiva la ayuda a países en vías de desarrollo.
Paralelo al inicio de los primeros planteamientos de gobernanza en la región, durante las últimas décadas el papel de las administraciones gubernamentales había tendido a ser cada vez más centro de observación, de reclamos y controversias, que provenían en muchos casos de su incapacidad para responder de manera eficiente a las demandas sociales o como producto del agotamiento de los esquemas habituales de gobernar y administrar el territorio; elementos que se agudizaron ante los crecientes problemas de corrupción, escasa transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la opacidad en la toma de las decisiones que afectan a los ciudadanos, tal como lo destaca el informe de Transparencia Internacional de 2021 donde se destacan países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras entre los primeros lugares a nivel mundial en el índice de percepción de corrupción.
Bajo estas perspectivas, las ciudades latinoamericanas se han convertido en escenarios de conflictos sociales en donde la pobreza frena el avance y el desarrollo de estas. A tal efecto, la crisis sanitaria producto de la Covid-19 en América Latina y el Caribe sigue vigente y se ha convertido en una crisis social llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, es decir, un retroceso de 27 años, de acuerdo con el Informe anual de Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2021. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones.
Asimismo, La confianza de los latinoamericanos tanto en el Congreso como en el gobierno y en el poder judicial está bajo mínimos de acuerdo con estudios de la Fundación Carolina para 2021, en donde apenas un 20,8% de los ciudadanos confían en el poder legislativo, un 24,3% confían en el poder judicial y tan solo el 22,3% en el poder ejecutivo. Estas cifras vislumbran una realidad que ha sido constante desde la aparición de la democracia en la región, muy a pesar del esfuerzo que se ha visto empañado por casos importantes de corrupción y despilfarro del erario.