“Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”.
Alberto Moravia
Al revisar el panorama de la confianza institucional y de la efectividad de las políticas públicas en América Latina y el Caribe, se pone en entredicho tanto la capacidad de los gobiernos como de los ciudadanos en ejercer su control sobre estas instituciones. Tal como lo destaca la CEPAL (2018), tres de cada cuatro ciudadano tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, así como el 80% considera que la corrupción es el principal problema en las instituciones públicas. Entre las causas que están impulsando esta desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas estás la insatisfacción de las necesidades sentidas, es decir, la incapacidad de resolver sus problemáticas.
Entre las recientes e innovadoras propuestas para reducir este desequilibrio que ha debilitado el contrato social, aparece el valor publico como aquel valor que los ciudadanos dan a los bienes y servicios recibidos por parte del Estado siempre y cuando estos satisfacen una necesidad sentida con calidad y oportunidad. Si bien este enunciado no solo refleja la conjunción de objetivos sociales, económicos y ambientales bajo las intervenciones de las instituciones, también se admite una implementación universal, participativa y democrática.
Ahora bien, desde cualquier enfoque de planificación, la concepción del valor público tiene como propósito apalancar a los otros sistemas agrupados en la gestión pública. Ya sea desde la financiación a través de la optimización del gasto público para generar transparencia, en la implementación donde se deben desarrollar mecanismos oportunos y eficientes para agregar el valor público con la calidad que merecen los ciudadanos, hasta en el monitoreo o evaluación que permite identificar los cambios que estimulen la confianza ciudadana en sus instituciones.
En efecto, en todas las fases del proceso de construcción de políticas públicas, las definiciones de valor público que se delinean a nivel global desde el gobierno y sus instituciones pueden servir de brújula para trazar las responsabilidades y vínculos entre las instituciones y demás actores hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados. Acá el modelo de gobernanza cobra fuerza en la orientación de una intervención mas cercana y transparente.
Así pues, el valor público se encuentra ligado al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos, de las regulaciones que impulsa para generar bienestar social y de la capacidad de concebir políticas públicas innovadoras que satisfagan las necesidades de una sociedad que urge soluciones y no excusas.
Por consiguiente, desde el enfoque de elección racional se parte que para el diseño de políticas públicas se debe iniciar desde el compromiso de las partes o actores involucrados a fin de maximizar los beneficios. Para ello, deben generarse mecanismos que forjen mayor grado de participación y transparencia orientados a mejorar la confianza de los ciudadanos en un sistema en el cual ellos han depositado su esperanza.
En este sentido, la estructuración de cualquier política pública que se considere innovadora implica un valor público agregado que puede vislumbrase en cualquiera de sus etapas, razón por la cual se recomiendan diversas estrategias acopladas a su diseño e implementación. Al respecto, Ortegón (2022) sugiere las siguientes acciones: Realizar encuestas a los ciudadanos con mayor periodicidad a fin de medir el valor público y así tener información precisa sobre el impacto de la intervención pública. Igualmente, empoderando a los ciudadanos por medio de una política de gobierno abierto que faculte la fiscalización y acceso a la información sobre los servicios públicos. Asimismo, la fiscalización a través de los medios de comunicación del cumplimiento de los servicios públicos con la calidad que merecen los ciudadanos y por ultimo, una estrategia de rendición de cuentas que incremente el valor público, esto refiere divulgar la información pertinente sobre el manejo de los recursos y el cumplimiento de los objetivos planteados en la política pública.
Bajo estos criterios, enunciados y modelos, la generación de valor público a través de políticas públicas innovadoras aunado a procesos internos mas efectivos en la gestión pública, deben incidir en una mejora considerable de los niveles de confianza institucional, y, por ende, en la optimización de las capacidades institucionales para afrontar los desafíos públicos que encaran las democracias en América Latina y el Caribe. Tras décadas de avance, la gestión pública debe acoplarse a nuevas e innovadoras formas de enfrentar las complejas realidades sociales, fundamentando su accionar en generar un valor público que exige mayor compromiso de las partes involucradas.