Cuando se revisan las infografías sobre la migración latinoamericana desde hace tres décadas, se muestran diversos y complejos flujos migratorios, gran parte de ellos hacia países en desarrollo, en la que ninguno de los países de la región escapa de esta realidad social. Crisis política, conflictos internos, pobreza y desigualdad, han sido parte de los signantes del desplazamiento de millones de latinoamericanos en búsqueda de mejores condiciones. Según el estudio Migración internacional en las Américas (OIM), realizado conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2016, la migración intrarregional entre países de América Latina y el Caribe sólo representa una cuarta parte de toda la emigración registrada en la región, aproximadamente cuatro millones para 2016, lo que infiere que son aproximadamente 25 millones que han emigrado fuera de América Latina y el Caribe.
Como fenómeno social que genera problemas demográficos en el país de origen, también impacta en el país receptor, positiva o negativamente, dependiendo de la capacidad del país receptor en absolver estos migrantes. En diversos ámbitos, la migración puede crear condiciones adversas, muchas de las cuales crean malestar e inconformidad en la población receptora, la cual ve amenazada su tranquilidad y forma de vida, aun cuando las mismas no son las mas idóneas como son en muchas de las ciudades latinoamericanas.
De acuerdo a Lozano Banguero (2015), desde el ámbito social “la migración a las grandes ciudades tiene un impacto negativo muy grande para las ciudades, en la medida en que la velocidad a la cual se hacen las inversiones en servicios sociales básicos (vivienda y servicios públicos, salud, educación, entre otros) es muy lenta, comparada con la observada en los flujos migratorios en las etapas de la transición a la gran ciudad”.
También en la seguridad ciudadana, la migración ha sido cuestionada, atribuyendo al migrante el incremento en los niveles de inseguridad. A raíz de la migración intrarregional venezolana, el dilema que se presenta en muchas sociedades latinoamericana acerca de la influencia de la migración en la inseguridad, crece y puede obedecer en la ausencia de políticas migratorias que vayan mas allá del registro y control del migrante.
Frente a esta disyuntiva, diversos actores y organizaciones especializadas en el tema de migración, han formulado recomendaciones para comprender el impacto de este fenómeno en la seguridad ciudadana, muchas de ellas basadas en datos y referentes oficiales. Tal como lo señaló William Lacy Swing, Director General, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante la VI Cumbre de las Américas en 2012, en la que señaló “Una respuesta adecuada a esta pregunta requiere partir de la premisa de que los flujos migratorios, en tanto movimientos de personas, no representan por sí mismos un riesgo para la seguridad ciudadana. Varios argumentos desmienten la validez de posturas que responsabilizan a las personas migrantes del deterioro de la seguridad y promueven el endurecimiento de las políticas y acciones en materia migratoria:
• La gran mayoría de las personas migrantes no delinquen. Los registros criminales de los países de la región son claros en este sentido.
• Las estadísticas disponibles indican que las personas migrantes no presentan una incidencia delictiva significativamente superior a la de los nacionales.
• Los datos confirman que no hay relación evidente entre la presencia de personas migrantes y mayores índices de inseguridad”.
Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (2019), realizó un análisis exploratorio en donde se subrayó que, “no existe solidez en la información que permita realizar un análisis completo de la relación entre migración y criminalidad. Es necesario continuar desarrollando mecanismos que permitan cuantificar los venezolanos que permanecen en el territorio nacional”, así como también, que los procesos de estigmatización encontrados en el análisis de prensa y en las encuestas de percepción en las ciudades, se convierten en uno de los puntos de riesgo frente a la población migrante”.
Aun así, si pueden existir condiciones en las cuales la migración puede impactar en los niveles de inseguridad. De acuerdo a la OIM (2018), la migración puede incidir indirectamente en la seguridad ciudadana, por ejemplo, en dos casos muy concretos:
• La migración de personas que huyen de la justicia. En la medida en que estas personas cumplen su cometido, ello puede tener un impacto en la seguridad ciudadana al generar en el mediano y largo plazo, impunidad.
• La migración de personas cuyo propósito es delinquir en el país al que se dirigen. Ésta incluye desde personas que pretenden cometer delitos menores, hasta personas ligadas al crimen organizado que se desplazan para traficar armas, municiones, drogas y migrantes; blanquear dinero; tratar personas; cometer fraudes o actos terroristas, entre otros.
Bajo estas consideraciones, casos como el de la ciudad de Cali (Colombia) muestran este entorno entre la percepción que se tiene sobre el migrante y el aumento de los niveles de inseguridad. Tal como fue publicado en el Diario el País (2017), “con el arribo abrupto de personas de otros países, entre ellos siendo el más significativo el de venezolanos, ha generado toda una problemática social, que incluye delincuencia, consumo y venta de sustancias psicoactivas, contaminación, hacinamiento, prostitución, vandalismo, entre otros. Tan solo desde el 2017 han ingresado 13.010 venezolanos a Cali, aunque más de 870 mil llegaron al país en el primer semestre de este año”. En este contexto, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional (2018), se hace una comparación entre 2017 y 2018 en la que “vemos un aumento significativo en las distintas modalidades de hurto y aunque no se lleva una estadística paralela en donde se detalle cuántos de estos hurtos son cometidos por personas de otro país, si se pudo evidenciar que en algunos hurtos hubo participación de personal extranjero”. (Periódico El Tiempo, 2018). En estas notas, no se muestran cifras exactas ni porcentaje de la participación de migrantes involucrados en hechos delictivos.
Otro caso lo refiere Jorge Mantilla (2019) tomando el caso de Bogotá (Colombia) en el que, según cifras de la Policía Nacional, “mientras que en 2016 fueron capturados 244 ciudadanos venezolanos, en 2018 esta cifra ascendió a 2751. Este es un aumento de cerca del 1000 por ciento en solo dos años que ha de mirarse con reserva, pues existe un problema grave de información que debe resolverse al más alto nivel”. Destaca igualmente que “solamente en Bogotá la cifra saltó de 400 a 2510 capturas entre 2017 y 2018, un aumento de más del 500 por ciento. La participación delictiva se encuentra concentrada en delitos como el hurto a comercios, el tráfico de estupefacientes, el hurto a personas y las lesiones personales. Todos estos son fenómenos bien conocidos por quienes habitan en los cascos urbanos y las principales ciudades del país”. Para este caso, las cifras si expresan una preocupación sustentada que debe ser abordada por los organismos responsables.
De igual manera, Perú, uno de los principales destinos de la migración venezolana, está amoldando sus políticas migratorias y de seguridad ciudadana para afrontar el impacto que puede generar la migración. Tal como lo reseña el Diario El Peruano (2019), “…se ha identificado a 700 ciudadanos venezolanos en el Perú con antecedentes, por lo que continuará ejecutándose el plan Migración Segura, mediante el cual estas personas son expulsadas y enviadas a su país”. Por su parte el Ministerio del Interior del Perú (201) señaló que “venezolanos protagonizaron más de 5 mil denuncias entre el 2016 al 2019. Sin embargo, la cifra representa apenas el 6% del total de hechos delictivos cometidos en el país”. Al respecto, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, sostiene que “la causa de la delincuencia es la falta de policías en las calles, no la presencia de venezolanos. La presencia de venezolanos genera algún temor y se está empezando a crear una suerte de xenofobia al respecto”
Si bien se muestra un impacto, leve o menor de la migración en los niveles de inseguridad ciudadana, el debate apenas comienza y debe impulsar soluciones más creativas e integrales, basadas en una realidad en la cual Latinoamérica no escapa. En una región acostumbrada a emigrar y no a recibir flujos considerables de migrantes, basta preguntarse ¿por qué no hemos acoplado nuestras políticas a esta realidad?
Ya para finalizar, durante una conferencia en 2019 acerca de la conflictividad social y la migración, pregunté a los asistentes si tenían familiares residiendo en el extranjero, a lo cual gran parte levantó la mano con orgullo. Ante este hecho, común en nuestra región, simplemente dejé una inquietud ¿A ustedes les gustaría que a sus hijos, padres o familiares fueran tratados cómo delincuentes en el país en donde residen?… simplemente ver las miradas y el auditórium en silencio, expresaron la preocupación que se siente ante fenómeno social que está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de América Latina y el Caribe. Muchas gracias