La migración internacional es un proceso complejo y diverso, inmerso no solo en cifras inquietantes que se desdibujan ante los relatos consternados de millones de ciudadanos que abandonan su hogar en búsqueda de las oportunidades que su país de origen no lograron encontrar, sino también ante la ausencia de políticas para encarar su impacto. Como desafío global, la migración internacional constituye un denominador común de todas las regiones del mundo, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, pero que en América Latina y el Caribe, es parte de la vida cotidiana de todos los países, sean estos en mayor o menor medida, receptores, expulsores, vías de paso o de retorno de flujos de personas que traspasan las fronteras.
En los últimos años, la migración en la región ha crecido de manera alarmante, signada por la inestabilidad social, política y económica que aún reflejan gran parte de los países latinoamericanos. Este desequilibrio se ha vuelto relevante por la vulnerabilidad en la cual se encuentran millones de seres humanos que decidieron emigrar, convirtiendo a la región, en un asunto prioritario de la agenda internacional de desarrollo, no solo por su expansión y diversificación, sino también por el papel de factores políticos, económicos y medioambientales en el proceso migratorio. Para afrontar este reto, desde ya hace mas de una década, han surgido iniciativas mundiales, nacionales, regionales y locales que buscan humanizar este fenómeno social
Desde la firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que pretende contribuir a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hasta las transformaciones de las políticas migratorias en gran parte de los países latinoamericanos para enfrentar este serio desafío, son muestra del esfuerzo en todos los estamentos de gobierno y sociedad. Un ejemplo es la inclusión de la migración en las agendas de Desarrollo Sostenible para 2030, la cual se ejemplifica de la siguiente manera:
• Meta 1.3. “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”
• Meta 8.8: “Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.
• Meta 10.7 “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, que se considera uno de los temas centrales de la Agenda.
• Meta 10.2 “Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición” y
• Meta 17.1 “De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo (…) para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”.
De igual manera, para dar una respuesta clara e integral al fenómeno migratorio, las naciones latinoamericanas han comenzado a diseñar e implementar políticas de inclusión social, muy a pesar de las desiguales condiciones que exhiben y que ahora se profundizan con la aparición imprevista de la COVID-19. Esta inclusión incluye aspectos como las diversas formas de violencia que enfrentan los migrantes, la integración en las sociedades de acogida, la nutrición, las ofertas de empleo, la inserción en el sistema educativo y su incorporación en un sistema de salud por citar algunos. En una región con altas tasas de pobreza y desigualdad de sus connacionales, este esfuerzo va a requerir mucho más que políticas sectoriales para integrar al migrante. Aun así, se están abriendo caminos para un cambio de paradigma. A este señalamiento también se suman las tensiones ya derivadas de las demandas sociales que desde hace décadas vienen impulsando cambios estructurales, reclamando más garantías de estabilidad políticas, social y económica, a fin de materializar el concepto de inclusión.
Tal como lo destaca Simone Cecchini (2017), si bien ha habido avances paulatinos en la doble inclusión de los hogares en América Latina y el Caribe, aún permanecen significativas insuficiencias que responden principalmente a brechas de acceso y calidad en los servicios sociales e infraestructura básica junto a un fuerte déficit de trabajo decente, las que varían según lo ejes estructurantes de la desigualdad. De acuerdo a Cecchini, el 44,5% de los hogares de América Latina aún permanecen en una situación de doble exclusión social y laboral; es decir, sin un acceso adecuado al trabajo decente y a servicios sociales básicos. En contrapartida, apenas 23,5% accedía a una situación de doble inclusión social y laboral. Igualmente, al considerar el coeficiente Gini de las distintas regiones del mundo, se observa que América Latina y el Caribe sigue manteniendo una condición de fuerte desigualdad, en donde existe mucha riqueza, pero también mucha pobreza a pesar de los inmensos recursos y potencialidades que ofrece la región.
Por ende, la migración venezolana de comienzos del siglo XXI ha evidenciado ante la región y el mundo, el fracaso de un modelo que ha originado la salida abrupta de millones de venezolanos, pero que ha permitido también, reflexionar sobre las respuestas que deben darse a un fenómeno social de vieja data, pero que en pleno auge de modernas renovaciones, exige estrategias más allá de las acciones de control y registro de las políticas migratorias latinoamericana y considerar a la migración como una oportunidad de desarrollo como región.
En este contexto, el proceso migratorio en América Latina y el Caribe exige la actuación no solo de las instancias internacionales y de los gobiernos regionales para lograr su inclusión social, sino de una sociedad comprometida en brindar las condiciones y oportunidades por las cuales muchos de sus connacionales han tenido que emigrar a países desarrollados. Si no se actúan sobre la base de principios de solidaridad y cooperación, estaremos entorpeciendo la posibilidad de replantearnos políticas de Estado que permitan resolver estos dilemas, en especial en una zona que ha sido mezquina a procesos de integración y desarrollo.